Acción colectiva por la Educación Superior Pública

Publicado el 09 de octubre del 2018

Aduanilla de Paiba

Comunicado | Consejo Académico del 8 de octubre de 2018   

 

Es verdad que las universidades públicas de carácter estatal han experimentado un crecimiento importante en los últimos lustros; en realidad, sus aportes han sido incontrovertibles. Pero no es menos cierto que la brecha entre sus ingresos y sus gastos se ha ampliado manifiestamente en un sentido negativo, hecho que lesiona el aseguramiento de su calidad y las posibilidades de abrir las puertas a más estudiantes.

 

Entre sus significativos aportes ha estado el de la cobertura de estudiantes; es decir, el del aumento de su población estudiantil en pregrado; pues en los últimos 20 años, dicha cobertura escaló en un 300%. Mientras tanto, sus ingresos a través de las transferencias del Estado Central crecieron solo en un 120% durante el mismo periodo; lo cual ha provocado un faltante estructural frente a las expectativas de desarrollo de esas mismas universidades, a pesar de recaudos provenientes de otras fuentes que no alcanzan a suplir las limitaciones crecientes.

 

Más recientemente, algunas fuentes como el impuesto representado en el CREE fueron eliminadas como origen de recaudo, razón de la justificable inquietud por el déficit coyuntural que puede emerger el año entrante, sin que aparezca una fuente sustitutiva en el presupuesto del 2019.

 

Tales han sido los motivos de perturbación y de inconformidad en las comunidades universitarias, una desazón que se ha traducido en la acción colectiva de los rectores para reclamar las adiciones compensatorias, incorporables en el proyecto de presupuesto que se discute en el Congreso.

 

Desde luego que en este proceso ya la Comisión Tercera del Senado ha fijado el compromiso de incluir 500.000 millones adicionales como respuesta a las sentidas peticiones de los rectores. Con todo, resta aún que esta determinación quede afianzada y que el margen para otra adición similar quede abierto.

 

Por su parte, los estudiantes, en un marco de reivindicación más amplio pero en la misma dirección han comenzado a reunirse en medio de un ambiente de efervescencia, pensando en la defensa de las universidades públicas; particularmente en lo que concierne a la sostenibilidad económica, un componente de valor en la construcción de nación y de sociedad.

 

En esas condiciones, la movilización del 10 de octubre se ofrece como una oportunidad para reclamar una financiación suficiente, aunque también para motivar a la opinión pública en favor de los cambios estructurales en la Ley 30, a fin de ampliar la base presupuestal de las universidades, como condición para mejorar los procesos de integración social y el desarrollo de un Estado democrático y equitativo.

 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas apoya la defensa de la universidad pública y, en sus instancias de dirección académica, se vincula a la movilización pacífica, por esa causa legítima. Así mismo, hace ver que se trata de una actitud generosa y solidaria de parte de esta comunidad, pues los aportes de la nación para esta universidad tienen un peso muy pequeño en el presupuesto interno. Es una razón especial para que haya conciencia en el sentido de que la movilización es un respaldo a la defensa de las demás universidades; sin que por ello se olvide la circunstancia de que el Estado en su nivel central debe proporcionar adiciones a la Universidad Distrital, cuyas contribuciones al país son innegables.